¿FIN
DEL AUTORITARISMO EN HONDURAS?
Jorge Luis Oviedo
El
ejercicio del poder en nuestro país, como en la mayoría de los
hispanoamericanos, ha tenido como nota particular el autoritarismo.
La
herencia colonial y la precolombina (en aquellas sociedades amerindias que
alcanzaron mayor desarrollo social y político, como la maya y la azteca entre
otras), favorecieron de algún modo esta forma de administrar los asuntos
públicos del Estado; de ahí que el surgimiento de caudillos (visionarios unos y
mediocres la mayoría) fuese resultado, en gran medida, de una tradición forjada
a lo largo de los trescientos años del régimen colonial.
Las deposiciones violentas de gobernantes
en Honduras arrancan desde el momento mismo de la exploración y la conquista de
nuestro territorio por parte de los españoles. Cristóbal de Olid fue la primera
víctima de esta deplorable tradición administrativa nacional. Venganza y
traición en la permanente lucha por el poder fueron los motivos que provocaron
el primer magnicidio de nuestra historia.
Esas mismas motivaciones abonadas por la
explotación minera, el reparto de las
encomiendas y el control de los productos agrícolas de exportación fueron,
entre otras, las causas agregadas a las continuas pugnas internas por el poder.
Al producirse la independencia, el último
gobernador de Comayagua, José Gregorio Tinoco, no logró concluir su mandato
durante el corto período que dura la
Anexión de Centro América a México, al ser sustituido por
Juan Nepomuceno Fernández Lindo.
Situación similar se presenta con el
primer Jefe de Estado de Honduras (don Dionisio de Herrera), una vez que se
rompe la anexión con México, se declara la independencia absoluta y se promulga
la Constitución
Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, al ser depuesto por su vicejefe, José Justo
Milla, quien a su vez sufre igual
tratamiento meses más tarde, luego de sufrir, con su ejército, una derrota en
el sitio de la Trinidad ,
propinada por las tropas comandadas por el Coronel Remigio Díaz y Francisco
Morazán. El último, precisamente, asume el mando del gobierno en calidad de Consejero de Estado.
Parece en verdad una ironía (muy fina
por lo demás) de la historia que al inicio de la época colonial se produzca una sustitución
violenta de quien fuera prácticamente el primer gobernador de Hibueras
(Cristóbal de Olid, traidor traicionado)
y que lo mismo suceda (sin llegar al magnicidio) con el primer Jefe de
Estado en el comienzo de nuestra vida independiente.
Autoritarismo y anarquía parecen ser,
pues, padecimientos atávicos de nuestra vida pública, de nuestros asuntos de
Estado.
Cabe preguntarse ¿hasta dónde han sido, nuestros caudillos, mero
instrumento de la vorágine social antes que las figuras malvadas y detestables
que desatarán la anarquía y ahondarán el atraso del país?
Las Fuerzas Armadas como institución
aglutinante de los diversos cuerpos armados
del país: infantería, marina, aviación, policía, etc., surge, realmente, hace poco más de cuatro
décadas. Bien puede ubicarse como fecha de inicio el 20 de julio de 1954 (con la organización
de el Primer Batallón de Infantería, en cuya fecha no existían aún ni la Fuerza Naval o Marina,
ni La fuerza de Seguridad Pública o Policía); sin embargo el golpe de Estado
propinado a Julio Lozano el 21 de octubre de 1956, es el acontecimiento
histórico que propicia el reconocimiento institucional de “Las Fuerzas Armadas”
(hasta entonces inexistentes). La Ley Orgánica Militar había sido aprobada el 8 de
marzo de 1954.
Solamente habían pasado dos años y meses
desde el nacimiento del Primer Batallón de Infantería; sin embargo, cuando
dieron aquel primer Golpe de Estado, no solo se mostraron
ante la sociedad hondureña, como un cuerpo con enorme sentido de unidad, sino
con la intención clara de que se los identificara como una nueva institución.
Es ilógico
que una institución subordinada a las estructuras de un poder nacional, como
suelen ser los ejércitos, se otorgara a sí misma el papel de juez de la vida hondureña.
De hecho,
de acuerdo con la visión de los Estados Unidos de América, un “ejército
profesional” como aquél recién organizado buscaba, teóricamente, la estabilidad
política interna como salvaguarda de sus intereses foráneos; además una fuerza
capaz de equilibrar los bandos políticos locales en contienda.
Sin
embargo su sentido de unidad y de
institucionalidad, al margen de los partidos tradicionales, evidenciado con el golpe de 1956, no fue
producto de esos dos años transcurridos, sino de los 16 largos años de la dictadura de Carías,
más los 6 del gobierno de Gálvez. Durante todos ese tiempo forjaron el necesario espíritu de unidad (en el ejército
del dictador primero y ¿nacional después?), fundamentalmente en la rama de
aviación que, por razones estratégicas y la efectividad mostrada en el combate
de la oposición liberal armada, resultó apoyada por el gobernante. La necesidad
de preparar pilotos en el extranjero era mayor en este caso que en la de
infantería, por ejemplo. Ello, sin duda, influyó en quienes viajaron al
extranjero a hacer cursos, al percibir con más claridad la necesidad de
organizar un ejército “profesional” para reformar a aquél
que operaba según los antojos y necesidades del caudillo de turno.
El
denominado espíritu de cuerpo, del
que suelen hablar los militares, se forjó, pues, en aquellos años. A ello
debemos agregar que la verticalidad en el ejercicio del mando le permite a
cualquier institución, sobre todo si es armada, disciplinar a sus miembros para
que sean obedientes y no deliberantes con sus jefes inmediatos; y así, mantener
la cohesión que raramente alcanzan otras instituciones, sobre todo, en
sociedades de similares características a la nuestra, en las que, sin instituciones
consolidadas, prevalece, en casi todo, la anarquía.
Esta postergada aspiración encontrará su
cauce apropiado, precisamente en el contexto de la Guerra fría, por el interés
de USA de contar con seguros aliados en Latinoamérica y, particularmente, en
Centroamérica.
Este sentimiento de unidad y la
necesidad de profesionalización, si bien pretendidas tímidamente durante el
siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, desde la
perspectiva de quienes deseaban un ejército al margen de los caudillos, nunca
encontró el cauce apropiado, debido a la inestabilidad política que afrontaron
todos los gobiernos, sin excepción.
Manuel Bonilla llegó al extremo de
clausurar, en 1912, la
Escuela Militar que el mismo había creado, en 1904, durante
su primer período de gobierno; y al que había llegado por la vía armada.
No es de extrañar, entonces que hacia
1950 fueran los oficiales del Ejército
del ex dictador , Tiburcio Carías, los que comenzaran a opinar y concretamente
a proponer el rumbo de “la institución militar”, tal como lo hace el Coronel
Armando Velásquez Cerrato en su libro “Las Fuerzas Armadas en una Democracia”
(1954), cuando dice, entre otras cosas:
“A la fecha contamos con número suficiente de oficiales, preparados en
un aspecto profesional por la variedad de cursos que han realizado, que muy
bien se pueden aprovechar para la iniciación de la organización de la Fuerzas Armadas.
Ese núcleo de oficialidad puede ser el principio de las Fuerzas Armadas
Apolíticas del Futuro. No se puede concebir a un ejército al margen de la lucha
de los partidos si sus componentes no responden a un espíritu profesional” (p 38).
Llama la atención en lo planteado por
Velásquez Cerrato, el término, hasta entonces
inusual en el medio, de “Fuerzas Armadas”, en vez de Ejército Nacional o
Fuerzas de Defensa; así como que no se puede concebir a un ejército al
margen de la lucha de los partidos políticos si sus componentes no responden a
un espíritu profesional.
Este sentido de identidad quedará más
claramente expresado el día que deponen a Julio Lozano Díaz. Sin duda, con el ánimo de que se la
identificara como una organización totalmente al margen del partido nacional
(de cuyo prolongado régimen había surgido) utilizan el nuevo término: Fuerzas Armadas.
Efectivamente ya eran una institución totalmente al margen de los
partidos políticos y del Estado, y así lo siguieron demostrando durante 38 años
más.
Matías Funes en “Los Deliberantes” refiere así los acontecimientos de
aquella fecha:
“El gobierno de Lozano se había vuelto tan
impopular que el golpe del 21 de octubre fue recibido con general beneplácito.
De acuerdo con el mayor J. Andrés Espinoza, del Primer Batallón de Infantería,
situado en el Ocotal, las órdenes dadas a los soldados el día de la toma del
poder comprendían el “no comer ni tomar líquido de personas desconocidas”, pero
esta disposición no fue cumplida, en vista de que grupos de mujeres “excitaban
a nuestros soldados para que comieran ... tanto los obsequiantes como los
obsequiados compartían el regocijo del civismo que encauzan los pueblos
comprensivos”.
En su
proclama, continúa diciendo Funes, del 21
de octubre de 1956, Las Fuerzas Armadas expresaban su confianza de lograr “el
abrazo de todos los hondureños” y
afirmaban que “inspiradas por el ineludible cumplimiento de su deber, no
podían permanecer indiferentes a las aspiraciones del pueblo hondureño, deseoso a reintegrarse a un régimen de orden,
de tranquilidad y de derecho”.
Más adelante, decía el documento: “Fieles a
estos sentimientos y deberes las Fuerzas Armadas de Honduras proclaman a toda la Nación , que su único y
esencial propósito es el procurar que el país vuelva a la normalidad
constitucional, y que todos los hondureños, en forma cívica y patriótica,
cooperen al logro de ese objetivo. Alcanzada esa finalidad, por nuestro honor
de militares prometemos entregar el gobierno a un elemento civil de extracción
auténticamente popular. En consecuencia, sólo permaneceremos en el poder por el
tiempo que el criterio democrático aconseje y el interés nacional exija.” (p
186 - 187)
Hay en la cita anterior tres aspectos que conviene
destacar: primero, el regocijo del pueblo hondureño, sobre todo entre los
liberales, por el primer golpe de Estado que propinaba los militares
“apolíticos”; segundo, el uso de la expresión Fuerzas Armadas en vez de Ejército Nacional, con la intención de que se la reconociera como
una institución al margen del partido del que habían surgido y ,obviamente, al
margen también del partido liberal; y tercero la fraseología del mensaje en
expresiones como “prometemos entregar el
gobierno a un elemento civil de extracción popular” o “sólo permaneceremos en el poder por el
tiempo que el criterio democrático aconseje y el interés nacional exija”.
( Al parecer fue ese criterio democrático y las exigencias del interés nacional
la que los obligaron a permanecer directamente en el poder en unas ocasiones o
a cogobernar en otras de 1963
a 1993)
Todos esos elementos contribuyeron, sin
ninguna duda, al plan implícito del Ejército (¿Cariísta, Nacionalista o
Nacional?) autodenominado ya “Fuerzas Armadas” de convertirse en una
institución nacional nueva, con su propia identidad, y con una visión clara: ser
juez y parte en la conducción del país.
El entusiasmo popular que provocó el
golpe de Estado de 1956 despertó simpatías hacia la naciente institución; de
ahí que con notable dosis de ingenuidad los medios periodísticos los saludaran
con enorme alegría. Lo mismo hizo la Federación de Estudiantes Universitarios de
Honduras (FEUH). Matías Funes cita, precisamente un editorial de El Cronista,
otro de “Diario Matutino” de HRN y un comunicado de la
FEUH en su libro “Los Deliberantes”
De lo que ocurrió después, esto es, la
actitud asumida por la oficialidad de las Fuerzas Armadas ( o sea los
autoproclamados dirigentes de lo que más bien se convirtió en un nuevo grupo político armado, solamente que
sin una clara ideología, como no fuese su sentido de unidad, su respeto a la disciplina y su obediencia a la
política de USA en cuestiones de seguridad regional), muchos liberales,
nacionalistas, pensadores independientes, sociólogos, historiadores,
articulistas, etc. culpan a Villeda Morales,
porque les concedió la “autonomía”.
Matías Funes sostiene en “Los
Deliberantes”: “Es obvio que la autonomía
concedida a las Fuerzas Armadas en 1957 convirtió a la institución castrense en
una especie de Frankestein incontrolable”. (p 218)
Nacidas bajo la tutela de Norteamérica,
cuyo propósito era proteger sus intereses en el Hemisferio Occidental para
luchar con su ex aliado en la
Segunda Guerra Mundial: La Unión Soviética ,
las Fuerzas Armadas eran ya incontrolables para los dos partidos tradicionales.
De ahí que la pregunta es ¿Qué habría hecho otro gobernante frente a semejante
imperativo?
Es como si hoy día, tal como lo hizo
Allan García en el Perú, a alguno de nuestros gobernantes se le ocurriera dejar de pagar la deuda
externa, pasar inadvertidas las recomendaciones de los entes crediticios
internacionales e ignorar el papel hegemónico de los Estados Unidos en el
ámbito internacional. (Baste señalar que como consecuencia de una negativa de
extradición dictada por la
Corte Suprema de Justicia en el caso del ex jefe de la
policía haitiana, reclamado por los Estados Unidos, por considerarlo
narcotraficante, los hondureños comenzaron a ser deportados en forma masiva de
aquella nación).
No se trata de salvar responsabilidades
históricas; pero quien conoce el ejercicio de la política y, sobre todo, el
ejercicio del poder, aunque sea desde la teoría, entiende que las decisiones
puntuales en momentos determinados obedecen a acuerdos o negociaciones que
jamás trascienden en forma concreta y exacta a la población; pero que son esos
“arreglos”, los que, en ocasiones, salvan o hunden y los que, en general,
definen el rumbo de la historia de los pueblos y las naciones. Lo demás, los
textos declaratorios, los acuerdos suscritos, los actos solemnes, etc. sólo
constituyen, como en las comidas, el condimento, el ropaje de los compromisos
ineludibles de las partes, ya sean estas nacionales o foráneas.
En el surgimiento de las Fuerzas Armadas
como institución no puede negarse la participación de USA y, por otra parte, la
percepción de la cúpula liberal de caminar mejor, en la cuerda del
equilibrista, con el riesgo de caer, pero con la posibilidad de lograr un paso
trascendental hacia objetivos que aún
hoy están lejos de alcanzarse a plenitud: la
democratización de la sociedad nacional y el desarrollo integral del país. Este último incluso más difícil
de alcanzar. Quienes menos debieran culpar a Villeda Morales de una
responsabilidad que es de toda la sociedad son los propios liberales, pues si
se hubiese marginado a las Fuerzas Armadas de sus pretensiones, más rápido el
país habría retornado a las montoneras.
También es cierto que a los dos partidos tradicionales de
Honduras nacionalistas y liberales) se
agregó uno nuevo: Las Fuerzas Armadas. Lo peor para los dos primeros era que se
habían quedado sin soldados y sin armas.
Baste
recordar que hasta entonces, para permanecer en el poder, todos los gobernantes
hondureños habían necesitado, sin excepción, de su brazo armado, de su ejército
personal. Villeda Morales se convierte en el primer presidente que intenta
gobernar sin un ejército leal a su causa. ¿Cómo negarle entonces algunas
concesiones, sobre todo cuando ese mismo
ejército había sido formado por un partido que permaneció en el poder desde
1933 hasta el 21 de octubre de 1956?
No es de
dudar que la concesión de la autonomía a las Fuerzas Armadas, con el idealismo
con que lo expresa la constitución de 1957, se produce como un mal menor,
frente a la posibilidad que tenían los liberales de organizar su propio ejército
y desmantelar el que había sido años atrás, brazo armado de Tiburcio Carías. Tampoco es de dudar que se
habría abierto un nuevo capítulo de enfrentamientos partidistas, por la vía
armada. Los derrotados, por lógica, habrían sido los liberales, pues tenían más
de 20 años de estar desarmados.
La peor
estupidez de Villeda habría sido oponerse a las concesiones del “prestigiado”
ejército de aquellos días. De modo que el halago oportuno, aunque baladí, fue
la opción más cuerda de la cúpula liberal.
En
realidad a lo que Villeda contribuyó, como Gálvez al aceptar la
“profesionalización del ejército”, y “Las Fuerzas Armadas” al desligarse de los
partidos, fue a no retornar a las confrontaciones fratricidas entre cachurecos
y colorados.
Recuérdese además que ni Villeda Morales
ni Rodas Alvarado se habían formado en las montañas a través de las montoneras,
como había ocurrido con la gran mayoría de los gobernantes hondureños del siglo
XIX y la primera mitad del XX, hasta llegar, precisamente, a Carías.
Los
nacionalistas que crecieron con Carías suelen señalar, como un logro de éste,
el fin de las montoneras; pero tal afirmación carece de sentido cuando se la somete a un análisis apropiado
de los diversos acontecimientos. El
mérito, en realidad, lo tienen Juan
Manuel Gálvez y Villeda Morales, obligados por las circunstancias geopolíticas
que impulsan a los Estados Unidos a organizar nuestros “ejércitos
profesionales”, hasta entones bajo la conducción del gobernante de turno y el
partido en el poder.
Generar estabilidad y servir de árbitro era el propósito del instituto armado para asegurar la paz del
país y la efectividad de la política norteamericana; pero desarmados los
partidos tradicionales, el Ejército, asumió
mayor protagonismo y el control real del poder local.
Podemos
decir ahora que esta etapa de profesionalización le costó al país 40 años,
porque hasta hoy comienza a “entender” nuestro ejército de tierra, mar y aire que no son en realidad “Fuerzas
Armadas”, sino Fuerzas de Defensa Nacional y que los objetivos internos y
externos con que fueron organizadas en 1954 han cambiado; así como la sociedad que los apoyó.
De hecho,
la conclusión de la guerra fría ha provocado un giro enorme en las estrategias
de seguridad de USA y, con ello, en el papel asignado a los distintos ejércitos
latinoamericanos. A lo anterior debemos
agregar la mayor democratización de la sociedad nacional, sobre todo en lo
referente a la desmilitarización de la misma y a la mejoría del flujo de
opiniones democráticas y civilistas que se expresan, con menor autocensura y
censura implícita, a través de los medios de comunicación masiva.
Con
certeza puede afirmarse que la sociedad
hondureña ha avanzado en su conjunto, y hoy son más las voces que, en los partidos políticos tradicionales,
en los partidos políticos de reciente creación, en los gremios y organizaciones
profesionales y en los sectores
independientes, dicen basta ya al
autoritarismo y a la corrupción.
En el
pasado, como sucedió con Valle, con Ramón Rosa,
esas voces eran más bien excepcionales; de ahí que la fuerza de la ola
que provocaba el autoritarismo, ahogaba
el grito de la razón.
Empero,
retomando las ideas relativas a la gestación, nacimiento y consolidación de las Fuerzas Armadas, al
gozar, he dicho, como la
Iglesia Católica , de una estructura vertical de poder
(jerarquía) trasladó la tradicional
polarización entre cachurecos y
liberales a otra, que les dio excelentes resultados: militares contra civiles.
Así, los enemigos potenciales y reales del ejército hondureño no eran los
ejércitos vecinos, sino la población hondureña desarmada (los civiles)
representados por dirigentes políticos, gremiales, sindicales, campesinos y
profesionales, etc.
A su vez
la cúpula de las Fuerzas Armadas oficializó un elemento que en el pasado no
había sido tan notorio en el establecimiento de acuerdos: la compra de
consciencias a través de sobornos y concesión de “favores especiales”. De este
modo los dirigentes políticos (especialmente del partido nacional), de gremios profesionales
y organizaciones obreras y campesinas pasaron a ser controlados (lo cual dio
origen a la proliferación de colegios magisteriales, de organizaciones
campesinas, de centrales obreras, etc.) y, desde luego, a convertirse, la
mayoría, en mandaderos de los nuevos amos de turno.
En verdad
lo que había ocurrido en Honduras era un desplazamiento del poder en dirección
totalmente horizontal, porque “Las Fuerzas Armadas” no introdujeron elementos ajenos al autoritarismo ni
contribuyeron a democratizar la sociedad; por el contrario, en su última etapa
incrementaron la represión y cerraron los espacios de opinión, provocaron
abiertamente el divisionismo gremial, incitaron a la delación y aplicaron la
pena de muerte, al margen de la ley, por supuesto, por “asuntos de seguridad
nacional”.
En la
rutina de las deposiciones de gobernantes introdujeron un nuevo elemento:
cuando algún jerarca militar “renunciaba por asuntos personales” no tenía
que irse al exilio, como había sido norma con los presidentes en la gran mayoría de los casos.
Quizás
convenga entonces señalar que aquello que los hondureños hemos tenido es un grupo político armado que se autodenominó
“Fuerzas Armadas”, cuyo solo nombre pone en evidencia el autoritarismo como
norma para el ejercicio del poder. Con su militancia armada, reclutada a la
fuerza, pero instruida en el odio a los civiles, pudo erigirse en una
multifacética institución política,
legislativa, judicial, fiscal, económica, cultural y educativa que dictó el
destino del país durante cuatro décadas.
Sin embargo ¿cabría responsabilizarlas
totalmente de su deslucido, corrupto y, a veces, represivo ejercicio del poder
en el país?
De acuerdo con nuestra percepción de la
historia nacional el autoritarismo no permitió, hasta 1954, el
surgimiento de un ejército “profesional” ( que se convirtiera en árbitro) como
el que estuvo bajo el mando de Francisco
Morazán: “EL Ejército Aliado Protector de la Ley ”. Sin embargo aquél no era el producto de una sociedad políticamente madura, sino de la
habilidad de su líder; por ello
cayó con él, no tuvo continuidad. Morazán mismo era una isla democrática en la
cadena de volcanes del autoritarismo centroamericano.
Los
“bachilleres magníficos” como llama
Martí a la generación de Valle y Pedro Molina (formados por Liendo
y Goicochea) tampoco fueron capaces, con
su sola palabra, de cambiar el curso de nuestra repúblicas. Ni solamente
palabras ni únicamente la imposición del orden tal como se había hecho durante
300 años, aplicadas separadamente, convenía a la naciente Federación; eran
preciso ambas cosas para consolidar las nuevas instituciones y la nueva
dinámica del poder. Desafortunadamente no hubo suficientes hombres capaces de
comprender el alcance de las ideas de un José del Valle y las reformas de un
Francisco Morazán. Pudo más la tradición, el peso del autoritarismo que salió
finalmente triunfante y continuó reinando, como en una fiesta, en medio de la
anarquía que desde entonces ha vivido Centroamérica.
Si excluimos de la región a Costa Rica, por
haber sido la más marginada de las provincias durante el régimen colonial; es
fácil comprender que la predilección por la fuerza, por el orden alcanzado
mediante imposición y no por consenso, es lo que más une a Centroamérica.
Nicaragua,
Guatemala y El Salvador, recién en esta década han logrado establecer acuerdos de paz con los grupos de oposición
interna. Honduras retornó en 1982
a la vida democrática, pero bajo un ambiente cargado,
hasta enero de 1994, de un cínico intervencionismo militar en las decisiones de
los gobierno civiles. Y de no haberse erigido, las Fuerzas Armadas, en una
especie de partido político capaz de hacer que los otros dos se acomodaran a
sus antojos, posiblemente Honduras, hubiese seguido la ruta de la confrontación
fratricida a comienzos de la década del setenta.
Por otra
parte, no hubo en el pasado siglo gobierno alguno que alcanzara diez años de
continuidad; peor aún, no existió en el siglo XIX un período de cese de
hostilidades (ya no se diga tranquilidad y auténtica paz), que durara una década. De ahí que los continuos
intentos de formar oficiales de carrera en el campo militar jamás daban
resultado, pues cuanta escuela o academia militar se creaba en un gobierno se
disolvía en el siguiente, por ser contraria a los propósitos del nuevo
gobernante.
En su
ensayo “¿Cuál es el desafío de las
Fuerzas Armadas?”, que sirve de prólogo al libro “Doctrina militar: El
Ideal Morazánico en el siglo XXI” de Carlos Roberto Reina, Dante Gabriel
Ramírez, dice: “Durante mucho tiempo, que
comprende varios lustros, el militarismo en Honduras fue informal, empírico y
eminentemente político al servicio de
las banderías tradicionales. El campo de batalla discernía el grado y la intriga
palaciega el ascenso en la escala de los galones. Era excepcional, casi raro,
el mílite de academia o de experiencia
internacional. La costumbre quería que el hondureño se acostara civil y
amaneciera Teniente o Coronel como si todo fuera obra de la oportunidad o del
azar”(p ii)
Subrayo “al
servicio de las banderías tradicionales” y señalo que “Las Fuerzas Armadas”
estaban al servicio de su propia bandera, y agregaron a su servicio
“intelectual” a otros sectores, fundamentalmente a la cúpula del partido
Nacional.
Por otra
parte, creo que resulta claro que el
surgimiento de un ejército profesional (obediente y no deliberante ) requiere
de una sociedad con una mínima madurez política y no simplemente de la emisión
de un decreto o de precisarlo retóricamente en la Constitución de un
Estado.
Asegurar
que Villeda Morales es, en cierta forma,
el padre del monstruo o “Frankestein incontrolable”, como lo han hecho muchos y
como también lo postula Matías Funes, obedece más bien a la búsqueda de
culpables, como medio para aplacar nuestras penas, y no a un análisis más
profundo de nuestra historia e idiosincrasia.
Los
militares o mejor dicho, la
Fuerzas Armadas de Honduras son hechura de la sociedad
nacional y no a la inversa. Son las hijas legítimas del caudillismo,
del autoritarismo que adquirió forma y dimensiones casi míticas, y generalmente
oprobiosas, durante todos los años que llevamos como país independiente.
Con
autonomía o sin ella, el golpe del 21 de octubre de 1956, así lo evidencia, las
“Fuerzas Armadas” (cuyo nacimiento acababa de ocurrir, porque antes de su
mensaje oficial a la nación eran todavía Ejército Nacional) habrían tenido
exactamente el mismo comportamiento, era cuestión de tiempo, no de retórica.
Precisamente Matías Funes apunta que “Aunque
la palabra “autonomía” no aparece por ningún lado en el Título XIII del texto
constitucional aprobado en 1957, la verdad es que era eso y no otra cosa lo que
se estaba otorgando a las Fuerzas Armadas” (Los Delibrantes, p 200 )
Lo que
había sucedido es que durante el largo gobierno de Carías, desplazados los
liberales por vía de la represión, al
interior del partido gobernante, fue surgiendo un nuevo estamento de poder,
fiel a la tradición autoritaria. Ni Galvez ni Lozano habían sido lugartenientes
ni Comandantes de Armas de Carías, no tenían pues, liderazgo en el ejército. El
sentido de unidad de los cuerpos que integraban a éste, por tanto, continuó su
marcha y se manifestó con plenitud el 21 de octubre de 1956.
Lo que
mostraron entonces, no fue su vocación democrática ni su profesionalismo, sino
su independencia y su poder.
¿Hijas
legítimas del autoritarismo habrían de
renunciar después al poder de la nación?
El Golpe
de Estado del 03 de octubre de 1963 se
encargó de demostrar que no lo harían y que cuanta ocasión encontraran propicia
para arbitrar o “sacrificarse en aras del bien nacional”, asumirían el mando
supremo del país.
Sin
embargo, como el propósito de este ensayo no es hacer un recuento de los 42
años de vida institucional de Las Fuerzas Armadas, sino el de precisar su
gestación, nacimiento y reubicación actual, no nos detendremos en mayores
detalles históricos que únicamente marcan su ascenso vertiginoso de 1956 a 1975, año en que
comienza su prolongado declive que culmina en 1994, con la llegada de Carlos
Roberto Reina a la presidencia de la República.
En sus
mejores años gozaron de la admiración de la población que los creyó guardianes
de la seguridad nacional y de la paz interna, como en 1956, o del 04 de
diciembre de 1972 hasta 09 de abril de 1975, cuando el Wall Street Journal dio a conocer que la United Brands había
sobornado el gobierno de López Arellano para que no se le incrementara el
impuesto, por caja de banano, a un dólar.
De acuerdo con el Decreto - ley 122 del 18 de abril de 1974 dicho
impuesto había quedado en cincuenta centavos de dólar por caja exportada.
Los
altibajos que encontramos en sus ejecutorias entre 1956 y 1975 ponen de
manifiesto que no poseían una clara percepción de la realidad nacional y que
carecían también de un programa político, pero no de la voluntad de mantenerse
al margen del poder, pues no otra cosa parece ser la causa fundamental del
golpe de Estado que le propinan a Ramón Villeda Morales el 03 de octubre de
1963.
No fueran
las reformas impulsadas por gobierno
liberal lo que los empujó, primero a
través del fallido intento de Armando Velásquez Cerrato (teórico del
militarismo hondureño por aquellos días) y después, a través del represivo
alzamiento del 3 de octubre, al derrocamiento del presidente Villeda. En
realidad era el deseo de permanecer directamente vinculados al poder y,
precisamente, Villeda los halagaba, pero
no los toleraba, porque estaba consciente que no podía esperar de ellos
fidelidad.
Por su
parte la cúpula de las Fuerzas Armadas comprendía que, por una parte su imagen
comenzaba a deteriorarse y por otra que los liberales obtendrían de nuevo la
presidencia. Ambos factores los alejaban
más del poder.
Cuando el
deterioro de la imagen castrense volvió a ser evidente, precipitar un
conflicto armado con El Salvador, fue
una de las mejores opciones para levantar el perfil, sobre todo de parte de
quien se había convertido ya en un “líder insustituible” al interior del
Ejército. Tan poderoso que, de un día para otro, cambió la ruta de la carretera
Panamericana (que cruzaría cerca de los municipios cafetaleros del norte de
Comayagua) para incrementar el valor de sus propiedades adquiridas al final del
valle del mismo departamento. Con ello, dicho sea de paso, favoreció la
depredación de los tupidos bosques de pino
de Siguatepeque y demás municipios aledaños.
El último
intento de las Fuerzas Armadas, con más demagogia que convencimiento de lo que
estaban haciendo, ocurre cuando lanzan su famoso “Plan Nacional de desarrollo” (en el que colaboraron técnicos
extranjeros de ideas progresistas), después del Golpe de Estado del 04 de
diciembre de 1972.
El Plan
sirvió para el desarrollo de la
oficialidad de Las Fuerzas Armadas y de unos pocos empresarios que supieron
sacar provecho de aquella fiesta de dólares que recibió el país en concepto de
préstamo.
La
aparición de los “terra-generales y los terra-coroneles” como decía una
caricatura de RAVIBER, fue la nota más común del rumbo que adquirieron la Reforma Agraria y
los millonarios préstamos otorgados por los Organismos de Crédito Internacional.
Consolidados como cuerpo, capaces de remover a sus Jefes, pero no de entregar
el poder, elevaron a categoría de escuela (un vicio normalmente controlado en
la mayoría de las sociedades): LA CORRUPCION.
A partir
de esos años hasta los alcaldes auxiliares se volvieron corruptos. Como todo
hijo que supera a sus padres, Las Fuerzas Armadas salieron aumentadas y
corregidas. Han heredado a las nuevas generaciones, además del autoritarismo,
la corrupción. No hablo de la impunidad porque ésta es una resultante del
primero.
“Cómoda
corrupción en vez de violencia sangrienta constituye el estilo hondureño” .
Afirma Donald E. Schulz en su trabajo “Como Honduras Evitó la Violencia Revolucionaria ”
(CEDOH, 1993, p21).
En
conclusión puede decirse que la experiencia de Las Fuerzas Armadas de Honduras,
su vertiginoso ascenso (emulado también
por uno de sus jefes que pretendió revivirlas y redimirlas por vía de la
represión: Gustavo Álvarez Martínez) se debe a una sociedad que ha carecido de
un permanente liderazgo, de una clase social que asumiera el poder y lo
ejerciera con consciencia, con sentido de identidad.
Esta es
otra de las razones, por las que en Honduras no se han profundizado las
discrepancias sociales.
Cuando surgieron algunos personajes aislados y
lograron hacerse del poder, como Herrera y
Morazán, al comenzar nuestra vida independiente, como Soto y Rosa, medio
siglo después, al replantear las transformaciones a través de la Reforma Liberal y,
Policarpo Bonilla, al culminar el siglo XIX, su ímpetu, como los héroes de la tragedia griega, fue incapaz de
vencer el designio de los dioses, en otras palabras, la corrosiva fuerza de una
sociedad indolente que a preferido la fuerza bruta a la fuerza de la ideas que transforman;
que a preferido el poder destructor del fusil y las balas al del trabajo y la
voluntad y el talento inventor capaz de cambiar el curso de los ríos y de
volver productivos los desiertos.
José del
Valle, primero y Ramón Rosa, después vaticinaban para Centroamérica, esto que
ya es experiencia ganada, historia vivida, de la siguiente manera: “Un pueblo ignorante es víctima del charlatán
más atrevido, juguete de la hipocresía más astuta, o desprecio del orgullo más
imprudente” (Valle ). Rosa por su parte manifiesta: “Centroamérica, en toda la
América es el país donde menos existe el sentimiento
nacional, es el país donde con más facilidad puede imponerse, casi sin
contradicción, las dictaduras más absorbentes, brutales y salvajes, y donde la
dominación extranjera puede enseñorearse a su placer aun trayéndonos el
patriotismo de la servidumbre y de las humillaciones. Lo que digo puedo
demostrarlo con la historia en las manos: y esta demostración es lógica e
incontestable. No se formó un pueblo en la escuela del sufrimiento para
conquistar la libertad: no hay entre nosotros arraigadas virtudes cívicas.
Nuestro pueblo no supo corresponder a los Morazán y a los Barrundia: Sólo ha
sabido derramar sangre y lágrimas a los
pies de un clero ignorante, desorganizador y absolutista, y de caudillejos
brutales, miserables personificaciones del Cesarismo del Bajo Imperio, que han
formado y aún forman hoy la ignorancia y
el escándalo de la
América Española ”. En
otra parte dice Ramón Rosa, en la parte introductoria, de la biografía
inconclusa de Morazán: ”La patria no puede existir sin verdadero pueblo.
Nosotros tenemos pueblo en el sentido vulgar de la palabra; pero no en la
acepción política, pero no en la acepción de la República , acepciones
que hacen juzga al pueblo como una entidad nacional poseedora de efectivos
deberes y derechos, poseedora de la soberanía, y capaz de dirigir sus destinos,
dándose libremente, por medio del organismo del gobierno, su representación interior y exterior. Nosotros
podemos decir que, en vez de esa entidad nacional, tenemos masas dispersas,
colonos a las española, que olvidados de sus derechos, bajo el peso de la
anarquía o de la dictadura, ven en el gobierno, por diabólico que sea, una
Divina Providencia, y trabajan y obedecen, y gimen a hurtadillas o bien
aplauden delirantes a sus propios tiranos, porque el poder es todo, y el pueblo
nada: máxima terrible cuya cumplida observancia hace que formemos una
monstruosa excepción, la nota disonante en el concierto de los países libres de
América. Este estado de abyecta miseria, que no exagero, tan solo podrá
desaparecer por la virtud de la educación práctica obtenida en la grande
escuela de la vida pública. De nada sirve que el maestro de escuela enseñe,
tímidamente, a los niños que tienen deberes y derechos políticos, si estos
niños cuando son hombres hacen un segundo aprendizaje, en la escuela de la
indignidad, de la bajeza y de la corrupción, organizada por el despotismo:
escuela que los enseña a olvidarse de sus derechos y a prosternarse ante el
poder de sus mandarines, para alcanzar la merced de vivir, cuando más, para
obtener algunos medros personales”. (p
36)
Pareciera
que Valle y Rosa escribieron esto en la plenitud de la dictadura de Carías, a
mediados de la década del 60 o a principios de la década del 80 de este siglo
que está por concluir.
Parece
también, irónico que Donald E. Schulz,
señale que una de la razones por las cuales Honduras no cayó en la vorágine de
la guerra civil a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, se debió:
a “que el mero hecho de ser el país más
subdesarrollado y atrasado de los cinco países tradicionales de Centroamérica,
fue una fuente de estabilidad. (Esta es una de las paradojas de esta sociedad:
en parte su fortaleza ha sido producto de su estabilidad)”.
Y agrega : “Un crecimiento económico rápido puede ser
altamente desestabilizador. El hecho de que Honduras fuese el menos
industrializado, urbanizado y alfabetizado de los cinco países significó
también que fuese el menos afectado por los efectos laterales destructivos y
potencialmente desestabilizadores de la modernización . La hondureña es una
sociedad relativamente descomercializada y tiene un amplio sector de
subsistencia. Una considerable proporción de la población se encuentra fuera de
la economía formal capitalista, y está menos afectada por el desempleo, la
inflación y otras plagas que arrasan con sociedades más sofisticadas, complejas
y “desarrolladas”. La clase media es aún comparativamente pequeña y
desorganizada como para jugar un papel político independiente. El proletariado
urbano aunque en rápido crecimiento, es aún en gran parte un campesinado
desplazado. Tomará años antes de que estas fuerzas emergentes adquieran una
consciencias política (por oposición de una mera consciencia sindicalista) como
para desarrollar organizaciones políticas propias—si es que alguna vez llega
ese momento. Mientras tanto, los valores y costumbres tradicionales del campo
–conservatismo, dependencia, pasividad y fatalismo—continúan alimentando
subterráneamente la cultura política, creando un segmento básico de
estabilidad, que apenas ha comenzado a resquebrajarse bajo el peso de la
modernización” (Op. Cit. P 27-28).
Las citas
anteriores sirven para reforzar nuestra tesis en el sentido que “Las Fuerzas
Armadas” jamás han sido un ejército
profesional (aunque se hayan hecho pasar por tal) sino un grupo político
armado, surgido de una facción, ligeramente disidente, cohesionada en derredor
de las armas: claro instrumento de opresión y represión para sostenerse en el
poder de acuerdo con la autoritaria tradición centroamericana.
Por eso
cuando Leticia Salomón señala en “Poder Civil y Fuerzas Armadas en Honduras”
que: “las Fuerzas Armadas, como institución, fueron colocándose por encima de
la sociedad, al grado de sustraerse de los conflictos inherentes a individuos y
grupos, adoptando una real y pretendida aptitud arbitral, sancionada desde la
sociedad civil y desde el sistema político”. (CEDOH-CRIES, 1997, p 65) reafirma
lo plateado por Ramón Rosa.
Por otra parte es una media verdad, porque
todo régimen autoritario se sustrae del resto de la sociedad, dicta y aplica las leyes a su conveniencia y es
juez y parte en las cosas que le convienen. Un ejército profesional, en cambio,
estará siempre subordinado a la sociedad o a aquello que denominamos poder civil.
Ni la crisis de espionaje político que llevó a Nixon a una obligada renuncia,
ni los “actos impropios” de Clinton con una ex becaria de la Casa Blanca , provocan
en los Estados Unidos de América, la intervención del Ejército para mediar en
la crisis.
Lo que más
bien ha existido en Honduras, por los niveles de corrupción y oportunismo es un
ejército mercenario y no propiamente un ejército profesional (porque una cosa
es que alguien aprenda el uso adecuado de las armas y devengue un salario que
le permita vivir con dignidad, y otra que valiéndose de la armas imponga el
terror en las comunidades y obligue a los pobladores a congraciarse con él); de
ahí las expresiones surgidas en la
Voz de los Estados Unidos de América, en las que se sostenía
que este era “un Estado al servicio de un Ejército”. Pero también lo fue al servicio de Carías, de
López Arellano, de Manuel Bonilla, de Terencio Sierra, de Luis Bográn, de José
María Medina o de Francisco Ferrera.
Honduras
ha sido un botín para caudillos
déspotas, vulgares unos, medio ilustrados otros, que nunca se propusieron, como
lo querían Valle o Morazán, elevar el país a un sitial de dignidad, alcanzado
mediante la ejecución de reformas profundas en lo administrativo y en lo institucional, y mediante la educación de
los pueblos; porque como decía, precisamente Valle: “Pueblos, procurad seriamente la
educación de vuestros hijos. Si no hay luces y virtudes en ellos, la libertad
sólo estará escrita en la
Constitución que la declara”.
De ahí que
el autoritarismo, la anarquía y el oportunismo
se convirtieran en los valores más celosamente cultivados por las
dirigencias de todo tipo y que la indolencia, pasividad y abyección lo fueran
entre la amplia masa campesina ignorante. Entre ellos unas pocas voces que
jamás tuvieron eco, pues se ahogaban en el tumulto de la multitud
envilecida.
Las
Fuerzas Armadas, pues, ascendieron, como atrevidos charlatanes ante la
pasividad de un pueblo ignorante, igual como lo habían hecho tantos otros en el
pasado. Y eso es de lo que la oficialidad que dio el Golpe de Estado de 1956
estaba consciente que, manteniéndose al margen de los partidos políticos
tradicionales, el botín del Estado sería de ellos.
Forjados,
sin embargo, en el conocimiento de las
armas y arrobados por los beneficios que depara el poder, especialmente cuando
es de facto, no aprendieron jamás la
dinámica del gobierno, no crearon un estilo distinto para establecer
comunicación con la población en sentido general ni con los sectores
organizados; por el contrario, algunos vicios, no tan notorios del caudillismo
decimonónico o del cariísmo, como la corrupción, la represión sistemática, la
impunidad, el arribismo, etc., se incrementaron.
De ahí que
El Plan fue un fracaso anunciado. Por la misma razón, la crisis de cúpula
resultaba cada vez mayor, pues mientras López Arellano se había mantenido casi
dos décadas al mando (1957 - 1975), su sustituto, Juan Alberto Melgar Castro, a
duras penas, sobrepasó los tres años ( 22 de abril de 1975 al 7 de agosto de
1978): por su parte el Triunvirato
presidido por Policarpo Paz García, presionados por Estados Unidos y los
partidos políticos tradicionales y demás sectores organizados, sobre todo el
empresarial, convocaron finalmente a elecciones, como es sabido; mostrando de
nuevo su incapacidad de conducción.
Es claro
que conservaron, entonces un cuota significativa del poder a través de un
presupuesto otorgado en secreto y de una serie de instituciones estatales (t
estratégicas) que quedaron bajo su
control hasta enero de 1994, tal es el caso de HONDTEL, la estatal telefónica,
La Portuaria, La Marina Mercante, Migración, entre otras.
Vale la
pena destacar que entre 1975 y 1984 las Fuerzas Armadas ponen de manifiesto su
“profesionalismo” en el uso de las armas. A los dos meses de haber asumido
Melgar Castro se produce la masacre de “Los Horcones” (Olancho), llamada así
por el nombre de la hacienda donde fueron encontrados los cadáveres en un pozo
malacate, aunque el asesinato lo habían perpetrado los miembros del ejército en
el Centro de Capacitación Santa Clara.
A partir
de aquella fecha habría, pues, un
franco retroceso de lo más sobresaliente
del Plan Nacional de Desarrollo: La Reforma Agraria. A ello se sumarían más denuncias
sobre actos de corrupción, entre otras, la que saca a relucir Yllescas, a través de un Informe que le costó el cargo
que desempeñaba como funcionario del entones Ministerio de Hacienda. Posteriormente
los militares considerados “progresistas”, es decir, aquellos que habían sido
designados por López Arellano y que parecían haber tomado en “serio” las
expropiaciones, fueron enviados al exterior en cargos diplomáticos.
Empero, no
se trata, como apuntáramos antes, de hacer una relación de los hechos públicos
protagonizados por militares, sino más bien destacar, en esta última etapa, el
cambio experimentado, al pasar de una
actitud “paternalista” a otra marcadamente represiva.
Cuando
ceden el poder “obligados por las circunstancias de su incapacidad” se combinan
varios factores como bien sabemos. Por un lado la presión de USA por la
situación de Centroamérica ( Caída de Somoza y ascenso de los sandinistas al
poder en Nicaragua, guerra civil en El Salvador y Guatemala) con el propósito
de reducir las posibilidades del surgimiento de una guerrilla al interior de
nuestro país; presión de los partidos políticos tradicionales y de los sectores
organizados (maestros, obreros, campesinos, etc. ) como consecuencia del
desprestigio paulatino de la dictadura militar, sobresalen entre las
principales causas del traspaso de la Presidencia a los
partidos políticos, aunque no del poder real.
Nos parece
que, si las Fuerzas Armadas, es decir, sus oficiales hubiesen estado preparados
para gobernar y no solamente para el uso adecuado de las armas de guerra, los
resultados de Plan Nacional de Desarrollo habrían sido otros; pero vistas las
cosas tal como se produjeron, son muestra clara que lo puesto de manifiesto en
aquellos actos, no eran más que
mecanismos para perpetuarse en el poder. No
había preparación ni compromiso con el país, únicamente el propósito
fácil de acumular fortuna, tal y como ya lo habían hecho otros charlatanes en el pasado.
La
inercia, la fuerza de las cosas fue más poderosa, de ahí que en adelante se
dedicaran a responder a las necesidades generadas por las diversas coyunturas
surgidas.
Carentes
de preparación y de imaginación no tuvieron más alternativa que convocar a elecciones, aunque procurando, eso
sí, favorecer al Partido Nacional, como ya había ocurrido en 1965 y en 1971.
Sin
embargo el desprestigio, por una parte, y el desprecio que generaban, por otra,
fueron el mejor incentivo para que la población votara en contra del Partido
Nacional y a favor del Partido Liberal, en abril de 1980. Situación que se
repetiría en noviembre de 1981 de manera
más contundente.
Lo que
ignoraba la mayoría de la población era que el poder iba a volverse tricéfalo,
puesto que el gobierno civil se encontraría entre la presión, nunca antes, tan
evidente, de los Estados Unidos a través de su embajada, y la de las Fuerzas
Armadas a través de su cúpula, pero en especial, la del meteórico Gustavo Alvarez Martínez,
quien procuró recuperar el “prestigio”
de sus compañeros de armas mediante el incremento de la represión.
Ello marcó
el punto más elevado de odio y desprecio de la gran mayoría de la población
hacia las Fuerzas Armadas y sus distintos cuerpos.
Así,
cuando un sector disidente de la cúpula militar le propina un golpe de barracas
(algo que se volvería normal durante el resto de la década), si bien la
población recibe con alegría el suceso, no pierde las perspectiva con respecto
a la Institución ,
como había sucedido en 1956 ó en 1972.
Es un
hecho claro que la larga permanencia en el poder, en vez de significarles
prestigio, se tradujo en deterioro de la
imagen del militar, de la policía y de los cuerpos de investigación.
Habían
resultado, ante los ojos de los sectores más críticos y conscientes de la
hondureñidad, peor que muchos de los antiguos caudillos del siglo XIX o de la
primera mitad del siglo XX.
Sin sólida
preparación académica, a la inventiva popular le fue fácil compararlos, como en
las fábulas, a los animales menos provistos de juicio y a los más dotados de
fuerza.
Hacia
finales de la década anterior, su signo más evidente del ejercicio autoritario
del poder, lo constituían las haciendas, edificaciones e inversiones diversas
(en la actualidad son 18 la empresas que dependen del IPM, entre financieras,
compañías de seguros, radioemisoras, etc. sin contar las que individualmente
pertenecen a muchos generales o coroneles en calidad de retiro).
Provenientes
de hogares humildes en su mayoría, bastaba con que fuesen nombrados jefes, a
veces de una simple subdelegación, para que vieran crecer sus ahorros. Muchos se acostaban pobres y
amanecían ricos.
Derrotados por sí mismos, es decir, por su
ineptitud para los asuntos de gobierno, vencidos por la tentación de la riqueza y no por las armas de
la guerrilla y despreciados por el pueblo, a cuyo abrazo aspiraban en 1956, en 40 años (menos de lo
que dura la vida, pasión y muerte del ciudadano promedio de hoy) la cúpula de
las Fuerzas Armadas tuvo la oportunidad de presenciar su gestación, nacimiento,
desarrollo, expansión y agonía.
Con el
rabo entre las piernas, como los perros derrotados, observan hoy el derrumbe de
aquel inmenso castillo de arenas movedizas construido con la sangre, el sudor y las lágrimas de un pueblo ignorante, digno
de mejor suerte.
Como bien
ha escrito Dante Gabriel Ramírez, en su ensayo antes mencionado: “En esta segunda mitad del siglo que termina
hay más de un momento preciso en la historia nacional en que las Fuerzas
Armadas estuvieron a punto de conjuntar voluntades y enrumbar el país por
nuevos derroteros. Tuvieron la oportunidad de unir en un solo puño el
unilateralismo de los partidos políticos y arremeter con fuerza los obstáculos
que secularmente ha tenido nuestro desarrollo. La hora pasó. Se volatilizó la
oportunidad histórica como el paso sin huella del viento” ( Op. cit. p vii)
Por
supuesto, como todos los que alguna vez han detentado el poder con enorme
irresponsabilidad, tampoco han querido renunciar a él con la solvencia de
aquellos que se sienten satisfechos por la labor realizada. Entre 1990 y 1993,
frente al destino que les anunciaba el oráculo de un mundo unipolar comandado por
los Estados Unidos de América, consiguieron de la Administración Callejas
múltiples facilidades para involucrarse activamente en el mundo empresarial, al
permitírselas, por ejemplo, adquirir a “precio de gallo muerto” una de las
pocas empresas estatales rentables: INCEHSA (Industria Cementera Hondureña,
S.A. ).
Sin
embargo, la caída era inevitable. Así ante la presión de los sectores civiles
organizados, de los grupos de vanguardia
al interior de los partidos tradicionales y de la sociedad en su conjunto , que
parecía despertar de un sueño de siglos, han comenzado a pagar su deuda, a
experimentar la ruptura de su “espíritu de cuerpo”; primero, cuando se decretó
la desaparición de la DNI
(Dirección Nacional de Investigaciones (antes DIN, Departamento de Investigación
Nacional), después cuando el ex Presidente Carlos Roberto Reina, previo a su
toma de posesión, desestimó las propuestas (ternas) enviadas por el Consejo
Superior de Las Fuerzas Armadas para que asumieran la conducción de Hondutel,
el Ministerio de Defensa, la
Marina Mercante , jefatura de la Guardia de Honor
Presidencial y el Instituto Geográfico Nacional.
El
precipicio apareció más inminente hacia finales de abril de 1994, al aprobarse El Servicio Militar Voluntario;
finalmente el descenso alcanzó una mayor celeridad, al aprobarse en 1995 el traspaso de la Policía a jurisdicción
civil. Asunto totalmente consumado en días recientes.
Paralelamente, la Fiscalía General ,
con sus acciones abrió un nuevo capítulo en la historia institucional hondureña,
al solicitar entre otras cosas, que se juzgara a diez oficiales por haber
practicado detenciones ilegales, torturas y desapariciones en la década
anterior.
Ya para
finales de 1993 el informe del
Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, Leo Valladares
Lanza: “Los hechos por sí mismos” había
reconocido que sí
hubo responsabilidad y silencio de autoridades
civiles y militares en la desaparición de hondureños, con lo cual el
Estado hondureño pasaba a aceptar la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional
y sus consecuencias posteriores.
Ello marcó
un paso importante en el combate a la impunidad, pues, a partir de 1994, se han
emitido considerables órdenes de captura contra oficiales o militares de menor
rango en servicio activo o en retiro; y se han practicado aprehensiones y
condenas a los encontrados culpables, generalmente por diversos delitos comunes que en el pasado
quedaban sin castigo.
Estos
significativos cambios experimentados en las instituciones hondureñas y, en
general, en la cultura política nacional, si bien han estado influidos por la
nueva estrategia de seguridad de los
Estados Unidos de América, tienen una gestación y un desarrollo mayor en
nuestra sociedad; de ahí que la reciente ratificación de la supresión de la Jefatura de las Fuerzas
Armadas aprobada por El Congreso Nacional, parece cerrar un amargo capítulo de
nuestra historia y renovar las esperanzas de fortalecer la institucionalidad
y la democracia.
Ello no
significa que el autoritarismo haya desaparecido. Pero sí
que hemos logrado establecer una frontera entre un pasado rico en el atropello
y la negación de libertades y un presente, aún incierto, pero necesario para la
construcción de una sociedad más justa, solidaria e identificada consigo misma
y no con el tiranuelo de turno.
Del lado
militar tendrán que pasar muchos años más para que las nuevas generaciones de
oficiales dejen de ver la carrera militar como una preparación previa para ir
tras el botín de un Estado.
De parte
de la sociedad en su conjunto se requiere celo, para ir forjando una Honduras
democrática y participativa que no se incline con facilidad y docilidad al amo
de turno, que respete, pero que jamás tema a su presidente y que apoye, pero
que jamás se someta a sus organismos de seguridad.
Preocupa
por ello escuchar, en medio de la crisis que ha provocado el devastador huracán
Mitch, voces que proponen el continuismo
o la reelección del actual mandatario, como si la salvación de Honduras
dependiera de una sola persona y no de toda la sociedad. Es la voz del
autoritarismo que sale a flote cada ocasión que puede, es la voz que es
necesario apagar, censurar y someter al peor de los ostracismos, para que
tengamos oportunidades ciertas el nuevo siglo.
Diciembre,
1998
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